OPERATIVO EN PUTUMAYO DONDE AL PARECER MURIERON 11 CIVILES POR DISIDENTES DE LAS FARC

El 28 de marzo el Ejército dio a conocer un operativo militar donde dio de baja a 11 personas en la vereda Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguizamo en Putumayo, de acuerdo con su versión las personas serían miembros de las Disidencias de las Farc. Sin embargo, con el pasar de los días han salido a la luz diferentes investigaciones y testimonio que comprueban que este sería un caso de ejecuciones extrajudiciales, es decir, que el Estado habría cometido un crimen de lesa humanidad.

Los hechos tiene consternados a los colombianos, pues dentro de las personas ejecutadas por la institución militar se encuentran civiles y lideres de la comunidad, entre esos un menor de edad, una mujer en embarazo, un gobernador indígena y un presidente de la Junta de Acción Comunal.

En las primeras investigaciones que se llevaron acabo por una Misión de Verificación se concluyó que dicha intervención se trató de una ejecución extrajudicial y que no existe sustento para este crimen. Mientras tanto el ministerio de Defensa, Diego Molano, sigue defendiendo lo ocurrido y aseguró que se buscaba dar un fuerte golpe a las estructuras armadas de la denominada Segunda Marquetalia.

Tras el escándalo que produjo este hecho medios colombianos: El Espectador, Vorágine y la revista Cambio se trasladaron al lugar de los hechos y recolectaron pruebas y testimonios donde queda en evidencia que ese día que ocurrieron los hechos el operativo se convirtió en una masacre contra civiles inocentes.

De acuerdo con los testimonios, una de las muertes más sintiente, fue la de la mujer embarazada de dos meses, Ana María, tuvo que morir desangrada mientras trataba de resistirse a la muerte, pues pese a que Pájaro, uno de sus vecino trato de auxiliarla no pudo por las lluvias de disparos que duraron un largo tiempo. Además, algunos metros de distancia donde ella se encontraba, también fue asesinado su esposo Divier, que era el presidente de la Junta de Acción Comuna, su vida fue apagada de un disparo en la cabeza.

“El caso es que el presidente de la Junta de Acción Comunal quedó tendido boca arriba, con la cara destrozada, los brazos abiertos, su camiseta azul oscura cubriéndole su cuerpo robusto y el jean debajo de las botas pantaneras, según se puede ver en una fotografía que reposa en el expediente del caso”, escribió en su articulo “El operativo del Ejército manchado con sangre de civiles”, el periodista José Guarnizo del portal Vorágine.

Inicialmente en la escena cayeron 11 personas y según la versión del Gobierno, 4 fueron capturados, pero los medios comprobaron que nunca se llevaron acabo los trámites que corresponden a dicho proceso; y que las personas heridas fueron llevadas a un hospital de la zona. Es decir, al día de hoy nunca se proceso a nadie por sus supuestos nexos con las Disidencias de las extintas Farc, como lo escribió en sus redes el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa.

Otra de las irregularidades es que en el momento del operativo, como lo cuentan más de 30 personas a los medios colombianos, los militares no usaban sus uniformes sino que iban vestidos de sudaderas y camisetas negras, sumado a esto muchos de ellos estaban barbados y otras usaban capuchas, según los narrado por la Revista Cambio, los sobrevivientes contaron que además, llegaron gritando: “Somos la guerrilla”.

Por otro lado, como el cruce de fuego se dio en medio de bazar donde habían civiles en su mayoría, pues en el sitio solo había presencia de cinco disidentes, el abogado Antonio Varón Mejía, experto en DIH y profesor de la Universidad del Rosario, explicó a Vorágine que por la dimensión del evento, el Ejército debió ponderar el principio de humanidad sobre el militar, más si solo iban por dos cabecillas. En contraste, el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional dijo que siguieron los protocolos adecuados y moraron por los civiles.

Finalmente, los pobladores le contaron al periodista Jorge Restrepo de la Revista Cambio que “el abogado David Melo, calcula que los militares se habrían llevado 200 millones de pesos de varias personas que estaban en el bazar y la recolecta que se estaba haciendo”.

Tras pasar los días y el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones, los lugareños siguen teniendo por sus vidas y denuncian que muchas de las pruebas han sido manipuladas. Pues desde el día de la masacre los militares se encuentran rodeando el municipio y la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía y los testimonios son vigilados por los uniformados, que están a cargo de el Brigadier General Óscar Alexander Tobar, jefe del departamento jurídico integral del Ejército, y la Mayor General Paulina Leguizamón, subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y el tercer general que está en Alto Remanso es Juan Carlos Correa, comandante de la división de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército.

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